El Gobierno de Milei ratificó su alineamiento tecnológico con Estados Unidos y adoptó un estándar de seguridad que restringe la participación de empresas chinas en el negocio de las telecomunicaciones. Inicialmente, la medida alcanzó a las compras del Estado nacional, incluyendo a la empresa tecnológica estatal Arsat, pero podría extenderse a los operadores privados que utilizan equipamiento de Huawei y ZTE en sus redes.

La decisión quedó formalizada con la publicación de la Disposición 7/26 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que establece nuevos requisitos técnicos para la contratación, instalación y operación de equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones, publicó Clarín. La norma toma como referencia la certificación SCS 9001, desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación empresarial estadounidense, que se usó para la licitación 5G en Paraguay y quedó envuelta en fuertes polémicas.

Los cambios respondieron a un pedido expreso de la Casa Blanca para limitar el acceso de empresas chinas a un sector considerado estratégico para la seguridad de las comunicaciones. Uno de los puntos de mayor interés para el mercado argentino es el impacto sobre los prestadores de servicios de telecomunicaciones que utilizan tecnología de fabricantes chinos. Según datos del sector, uno de los principales operadores de telefonía móvil tiene cerca del 70% de su red montada con tecnología Huawei, mientras que otro de los grandes prestadores utiliza equipamiento de esa compañía en su red fija.

La Disposición no impone todavía nuevas obligaciones a las empresas privadas. Pero el artículo 9 le encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) evaluar si incorpora estos requisitos a los procedimientos de homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Si el organismo avanza con esa extensión, podría modificar las condiciones para utilizar equipamiento de determinados fabricantes en las redes privadas. Las empresas que trabajan con proveedores chinos deberían revisar sus compras futuras y sus planes de renovación de equipos, con posibles consecuencias sobre los costos de inversión y los plazos de despliegue de nuevas tecnologías.

La norma no ordena reemplazar los equipos ya instalados ni prohíbe la importación o comercialización de celulares chinos, pero podría avanzarse en esa dirección, especialmente porque tanto el ENaCom como el CNC dependen de Jefatura de Gabinete, que maneja Diego Santilli.

La Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC) difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por el impacto que podría tener la aplicación de la Disposición 7/26 sobre los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Si bien respaldó el objetivo de fortalecer la seguridad de las redes, la entidad cuestionó que las nuevas exigencias queden condicionadas a un único esquema privado de certificación, como el SCS 9001 de la TIA, que evalúa procesos de gestión pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos.

La entidad solicitó al ENaCom y a las autoridades competentes abrir "una instancia de diálogo y consulta pública" antes de avanzar con nuevas obligaciones. También reclamó que se acepten estándares internacionales reconocidos y que se respete el principio de neutralidad tecnológica, para evitar barreras que puedan afectar las inversiones, la competencia y la expansión de la conectividad. "Fortalecer la ciberseguridad y promover el desarrollo de la conectividad deben ser objetivos complementarios", sostuvo ATVC.

Una fuente de la industria consultada por Clarín cuestionó que la certificación SCS 9001 se convierta en un requisito excluyente. Y mencionó como alternativa otros estándares internacionales, entre ellos ISO 27001, ISO 28000, Common Criteria y los esquemas NESAS y SCAS. Además, destacó la falta de un análisis del impacto económico de la medida. Según planteó, no se calcularon los costos de certificación, la eventual sustitución de equipos ni las consecuencias para las cooperativas y los pequeños operadores del interior del país. Y advirtió sobre posibles conflictos con el principio de neutralidad tecnológica de la Ley Argentina Digital y con los compromisos asumidos por el país ante la Organización Mundial del Comercio. (Fuente: Clarín).