Lo hizo el 19 de diciembre por la tarde en sesión especial al sancionar la ley que declara el impedimento para que ejerza la función hasta el 10 de diciembre de 2027 y que mañana se tratará en particular.

La destitución obtuvo el aval de los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO-NCN, Hacemos Neuquén, Neuquén Federal, Avanzar, Arriba Neuquén, Juntos, JxC-UCR y Cumplir. Las bancas de UxP, PTS-FIT-U y FIT-U solicitaron abstenerse pero la Cámara no lo autorizó. Al momento de la votación, UxP se retiró del recinto mientras que el voto de los dos bloques de izquierda, que sí permanecieron en sus bancas, no se computó como válido al no contar con la autorización de la Cámara para abstenerse.

El informe de la comisión investigadora detectó que durante la gestión de Ruiz hubo designaciones irregulares y nepotismo, manejo irregular de fondos públicos, contrataciones directas irregulares y sobreprecios, declaraciones patrimoniales falsas y obstrucción al control externo. En el debate, hubo objeciones por parte de la gran mayoría de las bancas a la falta de explicaciones convincentes por parte de la vicegobernadora al realizar su derecho de defensa. Los diputados y diputadas que avalaron la destitución defendieron el procedimiento que permitió la creación de la comisión investigadora, la publicidad en cada una de sus etapas y el derecho de defensa de Ruiz.

Al iniciar el debate, Claudio Domínguez (MPN) se refirió a la transparencia del proceso y lo contrastó con la reciente destitución del senador nacional Edgardo Kueider, expulsado del Congreso de la Nación sin ninguna instancia de investigación y sin derecho a un descargo. Además, precisó inconsistencias respecto a la compra de una camioneta SW4, sobre la cual Ruiz reconoció que adquirió con fondos que, en parte, provenían de la venta de otro vehículo que se encontraba registrado a nombre de su suegra.

El legislador recordó que al momento de la compra de esta segunda camioneta, en 2021, Ruiz se encontraba registrada como políticamente expuesta por ser la intendenta de Plottier. A ello agregó que su pertenencia tampoco quedó incorporada en la declaración jurada suministrada en 2024, por ejercer el cargo de vicegobernadora.

Respecto a las personas que se desempeñaban sin estar nombradas pero que cobraban a través de contratos que se otorgaban a interpósitas personas, Domínguez recordó que en el mes de abril la propia vicegobernadora le comentó a varios legisladores que debía dar de baja a parte de su equipo por carecer de cupo de puestos políticos, situación que se complejizó por no poder recontratarlos por un año para no incumplir con los plazos previstos en la ley 2141.

El diputado recordó que legisladores le sugirieron sancionar una resolución de Cámara para solucionar el impedimento legal, opción que no fue avalada por la propia Ruiz, quien sí se decidió reordenar estos cupos a partir de una resolución de presidencia. No obstante, Domínguez advirtió que la ex vicegobernadora no nombró por esta vía a las personas que habían tenido que dejar su cargo, sino que, a pesar de tener cupos libres, decidió no cubrirlos.

A su turno, Francisco Lepore (Avanzar) se refirió a los cinco puntos que llevaron a la comisión a recomendar en sesión el tratamiento de la inhabilidad moral, con foco en la posibilidad de defensa que se le brindó a la vicegobernadora y que, según consideró, “no dio explicación a ninguno”.

En cuatro a las contrataciones por interpósitas personas, aseguró que existió una “triangulación” de contrataciones irregulares y en materia de uso de fondos públicos existió una “metodología totalmente irregular” con transferencias a una cuenta personal del coordinador del Complejo Casa de las Leyes y hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, con la particularidad de que no se cesó a pesar de la advertencia del BPN y se pasó al libramiento de cheques.

El legislador también se refirió a las contrataciones directas, con montos “totalmente desmedidos” que superaron ampliamente el máximo permitido por decreto provincial. Informó que se trata de productos comunicacionales que, además, se utilizaron en las redes sociales particulares de la vicegobernadora y no en la página institucional oficial, violando la ley de impersonalidad del Estado. En cuanto a la compra de la camioneta, y tras recordar que no se investigó sobre un posible enriquecimiento ilícito, lo que se cuestionó son las múltiples versiones con las que justificó públicamente su adquisición,. Finalmente se refirió también a la obstrucción a los organismos de control que, según opinó, estuvo concatenado con los hechos anteriores para impedir el acceso a la información.

Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez hizo eje en la falta de capacidad de Ruiz para cumplir el rol de funcionaria pública y “estar a la altura de las circunstancias”. Sostuvo que quedó claro que faltó a la verdad y subrayó que las pruebas recopiladas por la comisión investigadora “son contundentes”. También calificó de “despilfarro” los 400 millones de pesos de gastos protocolares y objetó que se hayan destinado a “gorros, banderas y vinchas, y no a salud y educación”. En ese sentido, remarcó que el procedimiento aplicado “fija un estándar de conducta pública que hay que sostener”. Su par de bloque, Verónica Lichter aseguró que Gloria Ruiz “rompió el pacto social” que define a la moralidad cuando, entre otros puntos, pagó por un spot publicitario el equivalente a 41 salarios mínimo, vital y móvil y calificó de “maniobra canalla” acusar a su secretaria de Cámara y al personal de carrera de la casa.

A su turno, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) ponderó el trabajo que llevó adelante la comisión investigado ra y explicó que su labor permitió garantizar un proceso transparente. “Marcamos el camino para que Neuquén deje atrás esta crisis institucional”, observó el diputado al considerar que los pasos que fijó la resolución 1219 le otorgaron previsibilidad a un proceso.

Por el mismo bloque, Alberto Bruno cuestionó a los abogados de Ruiz de atribuirles, durante el descargo, que los votos a favor de la destitución son direccionados y aseguró que su decisión “es a conciencia”. Lamentó, además, que la vicegobernadora haya delegado la mayoría de sus explicaciones en su equipo legal.

Al hablar, Carlos Coggiola (Neuquén Federal) criticó la elevada partida de gastos “absolutamente discrecionales” que Ruiz contempló en el proyecto original de presupuesto del Poder Legislativo, “50 veces mayor que la vigente, con seis millones y medio de pesos”. Se pronunció en contra del silencio inicial de la vicegobernadora y que haya atribuido responsabilidades a la Secretaria de Cámara así como también a empleados de planta de la casa. “En cada uno de los puntos no hubo una defensa sólida ni firme” concluyó el legislador.

El jefe de bloque del MPN, Gabriel Alamo, sostuvo que “es fundamental tomar una decisión que resguarde la institucionalidad y el Poder Legislativo” y expuso que los funcionarios públicos también representan valores de la democracia que, en este caso, fueron traicionados, lo que genera una pérdida de confianza. “Acá se ha producido un grave daño institucional”, aseguró.

El presidente del bloque de DC-Comunidad, Ernesto Novoa, ponderó que es la “propia política la que está dando respuesta” y calificó de “histórica” la sesión en la que se evidenció que “la clase política no quiere ser cómplice de esto”. Descartó que exista “persecución política”.

El diputado Matías Martínez (DC-Comunidad) añadió que las conclusiones de la investigación de la comisión especial expusieron “conductas que no pueden ser toleradas y que dañan las instituciones democráticas”. Recordó que, al asumir, el gobierno de Rolando Figueroa se comprometió a ser “un modelo de cambio y de transparencia”.

Su compañera de bloque, Luz Ríos, puntualizó en la confianza, la transparencia y el respeto por las normas como valores esenciales de las instituciones democráticas y argumentó que su voto positivo es un acto de “responsabilidad institucional”.

En tanto, César Gass (JxC-UCR) votó a favor de la destitución al destacar que durante el descargo no logró “inclinar la balanza” ni “desactivar ninguna de las imputaciones” que el informe elevado por la comisión investigadora ofreció como prueba de las causales en su contra.

Por su parte, Carina Riccomini (Juntos) cuestionó que la defensa se haya basado en acusar a otros funcionarios y no a demostrar pruebas, descartó que su voto haya sido “direccionado” por terceros y alertó que, por ejemplo, los legisladores y las legisladoras no tienen acceso a los expedientes que se tramita desde presidencia del cuerpo.

Desde la banca del PTS-FIT-U, Andrés Blanco sustentó su pedido de abstención al considerar que es un proceso interno del propio sector político que detenta el poder en la provincia y que entre ellos fijan los límites de hasta donde se investiga. “No es nuestra rosca, no es nuestra crisis”, fundamentó al recordar que el tipo de procedimiento que habilitó la Cámara también implica un peligro para las minorías que integran el cuerpo, al posibilitar que por el voto de una simple mayoría de sus miembros se apruebe una resolución que suspenda temporalmente a uno de sus integrantes mientras se lo investiga.

En sentido similar se expresó su compañera del FIT-U, Gabriela Suppicich, quien reivindicó el derecho a abstenerse de la votación y reiteró que se trata de una interna entre la fórmula gobernante. Cuestionó que “se investiga lo que el poder quiere que se investigue” y que se centra solo en Ruiz, “al resto no lo tocamos”.
Tras pedir la autorización para abstenerse, Lorena Parrilli (UxP) cuestionó la falta de elementos probatorios de las irregularidades y el procedimiento que recomendó la destitución. “Si convalidamos esta práctica, vamos a dejar una mancha en la provincia” dijo la legisladora.

De igual modo, su compañero de bancada, Darío Martínez justificó la postura de su bloque al indicar que el procedimiento que se utilizó para llevar adelante la declaración de inhabilidad moral no es el correcto y que la intención de votar una ley para ello tampoco es el instrumento adecuado. Sobre este punto, señaló que el propio artículo 189 inc) 25 establece que la Cámara debería expedirse a través de una declaración o resolución con el voto de ? de los diputados presentes.

La 9° sesión especial comenzó a las 15.30 y finalizó a las 20.15. Fue presidida por la vicepresidente 1° a cargo de la presidencia, Zulma Reina, y contó con la participación de los 35 diputados y diputadas.