En la sesión ordinaria del miércoles 20 de marzo, la Cámara rechazó una serie de medidas impulsadas por el gobierno nacional desde el inicio de su gestión. En ese sentido, sancionó la comunicación 236 en contra del mega decreto presentado en diciembre por el presidente Javier Milei por “su manifiesta inconstitucionalidad y avasallamiento a la división de poderes sobre la cual se estructura el sistema republicano de gobierno del país”.
La iniciativa generó un fuerte debate, con posturas a favor y en contra del alcance del decreto. Los bloques que votaron a favor del pronunciamiento en contra del DNU 70/23 criticaron tanto su forma como su contenido, con fuerte hincapié en la inconstitucionalidad de la medida y la afectación directa a la ciudadanía, mientras que quienes lo rechazaron señalaron que la facultad de declarar la inconstitucionalidad no le corresponde al Poder Legislativo, al tiempo que se inclinaron a favor de las reformas contenidas en el texto nacional.
Al criticar el mega decreto -recientemente rechazado por el Senado-, la diputada Cielubi Obreque (MPN) dijo que es inconstitucional e inconvencional. Se refirió a la jurisprudencia en la materia que da cuenta del “detrimento” constitucional y puso en duda la excepcionalidad a la que refiere el decreto como tal. “Es importante, oportuno y conveniente” la aprobación de la comunicación ante el pronto tratamiento del decreto en la Cámara de Diputados de la Nación.
Desde el FdTN, Darío Martínez cuestionó el “alcance, la bastedad y la amplitud” del decreto que, subrayó, no se corresponde con una situación de necesidad y urgencia. Criticó tanto la formalidad como el contenido, al señalar que los múltiples temas que aborda podrían haber pasado por el Congreso en forma de proyectos de ley y enumerar el alcance de los temas que pretende regular.
En similar sentido se pronunció Andres Blanco (PTS-FIT-U) quien, tras referir al rechazo social y detallar las principales leyes que deroga el decreto, pidió su nulidad absoluta.
A su turno, desde el bloque DC-Comunidad, Ernesto Novoa advirtió sobre las facultades delegadas que incorpora el DNU y alertó que mediante un decreto “no se puede detentar la suma del poder político y público”. En ese sentido, adelantó que desde su bloque siempre se tomará una postura en defensa de los intereses de los neuquinos cada vez que los mismos se encuentren afectados.
Tras adelantar el voto positivo, el diputado Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) criticó el contenido del DNU, así como otras políticas del gobierno nacional. “Hay mucha plata en la caja nacional y mucho hambre en el pueblo” dijo tras recordar que el ajuste no se aplicó “a la casta” sino al pueblo.
“Si se vulnera la Constitución, no hay República” sintetizó el diputado César Gass (JxC-UCR) en su intervención, tras calificar de “nefasto” el decreto y cuestionar la legitimidad del presidente para emitir tal medida.
En tanto, el legislador del PRO-NCN, Damián Canuto, respaldó la vigencia del DNU al asegurar que su necesidad y urgencia se respalda en la economía colapsada que recibió el actual presidente y los graves índices de inflación que acarreó la anterior gestión de gobierno. También justificó la medida al indicar que el presidente Javier Milei “no mintió en campaña” y siempre dijo que avanzaría con medidas tendientes a la desregulación del Estado.
En igual sentido, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) sostuvo que la situación de “emergencia” existe y defendió las acciones del gobierno nacional al señalar que las mismas “están dando sus frutos”. Sobre este punto, recordó que las políticas del presidente tienden a intervenir sobre un Estado al que calificó de “excesivo, ocioso e ineficaz”.
La comunicación, que expresa su “absoluto rechazo” al DNU 70/23, fue aprobada por amplia mayoría, con 24 votos a favor aportados por todos los bloques presentes en el recinto, a excepción de las bancas del PRO-NCN, Cumplir y Arriba Neuquén que votaron en forma negativa.
En similar sentido, el pleno sancionó otras comunicaciones también en rechazo a decretos y medidas del Poder Ejecutivo nacional. Se trata de la comunicación 237 que se expresa en contra de un posible intento de privatización del Banco de la Nación Argentina, contemplada en el decreto repudiado previamente.
Con igual criterio, aprobó la comunicación 238 que pide el mantenimiento de las fuentes laborales del personal de Parques Nacionales Lanín, afectadas por el decreto nacional que deja sin efecto contrataciones estatales del año pasado -decreto 84/23) y la 239 que expresa preocupación por la suspensión de recursos de distintos programas para el sistema público de salud -programas Proteger, Redes de Salud, Sumar y Fondo Nacional de Equidad en Salud-.
Además, en la sesión de hoy, se prestó acuerdo legislativo a un candidato a juez, rechazó otro, se aprobó en general una ley y se sancionaron 16 declaraciones.