La Legislatura de Neuquén aprobó el miércoles 2 de julio un nuevo marco legal que prohíbe, con excepciones puntuales y fines pedagógicos, el uso de celulares en las escuelas y por el otro, se creó un protocolo de actuación ante hechos de violencia hacia personal docente y no docente.
Así lo votó hoy en la 12° sesión ordinaria, ocasión en la que también aprobó una comunicación en repudio al desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por parte del gobierno nacional y avaló la designación de un nuevo defensor público penal (ver aquí).
La norma para regular el uso de dispositivos móviles por parte de alumnos y alumnas en las escuelas –públicas y privadas- unificó dos proyectos presentados por los bloques Neuquén Federal y JxC-UCR y fue votada por mayoría con 23 votos a favor y uno negativo del bloque PTS-FIT-U.
La misma prohíbe en forma total el uso de teléfonos celulares en el nivel inicial y hace lo propio en el primario con ciertas excepciones limitadas a la autorización del equipo directivo. En tales casos, sólo podrán utilizarse bajo supervisión del docente, cuando forme parte de un proyecto didáctico y tras el consentimiento de las familias. Para el nivel secundario, los dispositivos deberán permanecer apagados y fuera del alcance y solo se usarán con fines pedagógicos y cuando lo disponga el docente bajo justificativo exclusivamente didáctico.
Al referirse a la propuesta, el diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) remarcó que la medida cuenta con “mucho consenso social” y aseguró que el objetivo es alcanzar “calidad educativa” en tanto la concentración del alumnado “estará en la clase y no en el celular”. Detalló los posibles peligros a los que se someten las infancias y la juventud frente a la pantalla (grooming, estafas virtuales y apuestas ilegales) y también los problemas físicos y psicológicos como la miopía temprana, la disminución auditiva y los trastornos severos de ansiedad.
A su turno, el diputado César Gass (JxC-UCR) señaló que Neuquén no va a ser una provincia más rica por sus recursos naturales sino por “tener alumnos que comprenden lo que estudian”. Además, enumeró las múltiples consecuencias negativas que los dispositivos generan a nivel neurológico, entre ellos la desconcentración y la escasa retención de la información que se le suministra. “En definitiva, las capacidades cognitivas se deterioran”, sintetizó el legislador.
Por su parte la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) sostuvo que es una medida que fue adoptada por países desarrollados cuando advirtieron que la calidad educativa disminuyó por el uso indebido de los teléfonos móviles, tales como Francia y China. Asimismo, ponderó que la norma generará un cambio cultural dado que se orienta al “bien común, al fortalecimiento de los procesos educativos, a la interacción entre pares y a la recuperación de la palabra”.
Por el MPN, Gerardo Gutiérrez votó a favor al considerar que se trata de un “primer gran paso en el cuidado de la salud mental” de las generaciones más jóvenes, con elevados índices de intentos de suicidio a raíz del abuso y el uso indebido de las tecnologías. Convocó, además, a iniciar una agenda parlamentaria que retome otros proyectos orientados a la protección de la salud mental dentro y fuera del ámbito educativo.
Al hablar la diputada Mercedes Tulián (PRO–NCN) expresó que la “norma viene a dar respuesta” a la falta de atención de los alumnos en las aulas debido al uso y abuso del celular. Agregó que el objetivo fundamental es “aportar mayor calidad” al sistema educativo y resaltó que el tratamiento de la propuesta fue “nutrido y participativo”.
Por la negativa se pronunció Andrés Blanco (PTS–FIT–U) tras aclarar que si bien coincide con que se trata de una “problemática real”, la medida no precisa cómo se implementará en las aulas, situación que recaerá sobre el personal docente, al que -según añadió- no se le consultó opinión. “Generará tensiones” resumió el legislador tras advertir, además, que “vulnera las autarquías” del Consejo Provincial de Educación que deberá implementar la norma.