Así lo votó el martes 2 de noviembre, por mayoría, el cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FT), ocasión en la que recibió a dirigentes de ATE, quienes se pronunciaron en contra del tratamiento del proyecto en el marco de la Legislatura en tanto las modificaciones al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente que nuclea a los trabajadores estatales debieran abordarse en la mesa paritaria, según indicaron.
Tras la intervención de los representantes gremiales, se realizaron tres mociones distintas postuladas por la diputada Soledad Martínez (FT), por Mariano Mansilla (FT) y por Carlos Coggiola (PDC). La moción de Martínez consistió en poner a consideración el proyecto para que, en caso de obtener la mayoría necesaria, continúe su tratamiento parlamentario en las comisiones siguientes. En efecto, el proyecto fue sometido a votación pero alcanzó sólo tres de los ocho votos mínimos necesarios para convertirse en despacho de comisión. Lo hicieron por la afirmativa Martínez, Fernández Novoa y Ayelén Quiroga (JC). En cambio, la moción de Mansilla se centró en remitir el proyecto al archivo y elevarlo, junto con los aportes realizados por la Mesa Técnica –creada a fin de analizar la iniciativa- al Poder Ejecutivo, a SIPROSAPUNE, al SEN y a la Mesa paritaria. La propuesta, que finalmente prosperó, alcanzó nueve votos positivos aportados por Lucas Castelli (Avanzar), Fernández Novoa, Mansilla (FT); Germán Chapino, María Laura du Plessis, María Fernanda Villone (MPN); Laura Bonotti (Siempre); Fernando Gallia (FNN) y Carlos Sánchez (UP-FR).
En tanto, la moción de Coggiola se basó en convocar al seno de la comisión a las autoridades del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Trabajo a que emitan su “opinión política” sobre el proyecto, pero la moción no fue puesta a consideración tras el argumento de legisladores y legisladoras de que el Ejecutivo tiene participación en la Mesa Técnica.
Al referirse al proyecto en debate, Carlos Quintriqueo –secretario general de ATE- aseguró que el gremio estatal no se opone a la carrera profesional sino al tratamiento en el ámbito legislativo en la medida en que las relaciones laborales entre el Estado empleador y los trabajadores se regulan por el CCT y la modificación de las condiciones laborales deben abordarse en la mesa paritaria. En ese marco, añadió que la iniciativa “viola la ley 1974 y todos las convenciones colectivas” alcanzadas por la planta trabajadora. En ese sentido, sostuvo que es la Subsecretaria de Trabajo el órgano con competencia para habilitar la discusión y aseguró que, si el Ejecutivo convoca a una mesa, el gremio está predispuesto a debatir.
A su turno, María José García Crespo –consejera directiva de ATE- aseveró que la ley atenta contra los derechos consagrados por ley y por Constitución tanto nacional como provincial y explicó que, tras la homologación de un CCT, ninguna de las partes tiene facultad para modificar unilateralmente las condiciones laborales allí establecidas, análisis que debe realizarse en la mesa paritaria, coincidió. Además, indicó que SIPROSAPUNE no representa a todo el plantel médico trabajador del Sistema Público.
Finalmente, Juan Millapan -delegado de la Junta Interna de ATE del Hospital Castro Rendón- hizo hincapié en que la ley puede afectar el funcionamiento de los equipos de trabajo en los hospitales, al tiempo que adelantó que el gremio estatal no desconoce los efectos negativos que produce la figura del Rendimiento Óptimo –incorporado en el CCT- por lo que, según expresó, están dispuestos a discutir pero dentro de la mesa paritaria y no en el Poder Legislativo. “Estamos de acuerdo en que, a corto plazo, hay que abrir el CCT, borrar el rendimiento Óptimo y fortalecer la Dedicación Exclusiva, pero en el marco de un análisis general que no desconozca el funcionamiento en equipo con el que se traba en los hospitales”, dijo el sindicalista.
Al fundamentar su moción, Martínez desmintió que la ley afecte derechos consagrados y, en relación a la constitucionalidad de la misma, refirió que es el Poder Judicial el que determina la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas legales. “Esta ley es una contribución a la resolución” del conflicto de salud desatado a principios de este año, dijo, tras argumentar que “pretender inhabilitar la discusión tiene muy poco que ver con las prácticas democráticas”.
En tanto, Mansilla advirtió que la norma efectivamente afecta condiciones laborales en la medida en que unos tres mil trabajadores profesionales se verán excluidos del CCT, marco legal que “organiza la vida laboral” y sus reformas deben efectuarlas el empleador y los trabajadores, “no la Legislatura por la ventana”. Su moción de archivar el proyecto y remitirlo a los agentes intervinientes busca “que la discusión avance en el ámbito que corresponde”, indicó.
A su turno, Coggiola fundamentó su moción en la necesidad de contar con “la opinión política” del Ejecutivo en la materia y desechó un voto positivo a la iniciativa en la reunión de hoy en tanto el cuerpo no analizó el primer artículo –que excluye de los alcances del CCT al agrupamiento profesional dependiente de la Subsecretaría de Salud- que “merece mayor discusión”.
Estuvieron presentes Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Ayelén Quiroga, Germán Chapino, César Gass, Fernando Gallia, Mariano Mansilla, María Fernanda Villone, Andrés Blanco, Laura Bonotti, Carlos Coggiola, Soledad Salaburu, Soledad Martínez, Karina Montecinos, Carlos Sánchez, María Laura du Plessis y Lorena Parrilli.