Distintas Cámaras de Comercio del interior del país, con representación en la provincia del Neuquén, expresaron su desacuerdo con la posición de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) frente al proyecto de reforma laboral y reclamaron cambios que se adapten a la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

A través de una carta abierta dirigida al presidente de CAME, Ricardo Diab, las Cámaras de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Aluminé y Centenario cuestionaron el actual esquema de convenios colectivos por actividad, al que definieron como un “corsé rígido” que no contempla las asimetrías regionales ni la diversidad de escalas productivas.

Según el documento, publicado en el portal La Montaña, la uniformidad normativa vigente no solo resulta ajena a la realidad del interior del país, sino que además termina fomentando la informalidad y la precariedad laboral, en lugar de proteger efectivamente a los trabajadores.

“La defensa de la Pyme no pasa por sostener reglas que las obligan a operar en zonas grises para sobrevivir”, sostienen los referentes empresarios en uno de los pasajes más contundentes de la carta.

Los ejes del reclamo

Entre los principales puntos planteados, las cámaras destacaron:

Flexibilidad en la negociación laboral: proponen habilitar la negociación por empresa, manteniendo pisos legales firmes, para adaptar las condiciones al ámbito donde efectivamente se organiza el trabajo.

Actualización de convenios colectivos: cuestionan la ultraactividad indefinida, al considerar que convierte a los convenios en estructuras “fósiles” y desactualizadas.

Eliminación de aportes obligatorios: respaldan el fin de los aportes patronales compulsivos a cámaras empresarias y plantean que la representatividad debe basarse en el valor brindado.

Federalismo real: exigen que CAME refleje la pluralidad de las Pymes del interior mediante procesos previos de consulta y consenso.

Además las entidades solicitaron la apertura urgente de un debate amplio, federal y representativo, que permita equilibrar la protección del trabajo con la viabilidad económica de las empresas del interior del país.

El texto fue firmado por José Alberto Suárez (Villa La Angostura), Lucas Mántaras (San Martín de los Andes), Maximiliano Aguado (Aluminé), Hernán Pliome (Villa Pehuenia) y Diego Gallardo (Centenario y Vista Alegre), quienes remarcaron la necesidad de que la voz de las Pymes regionales tenga un rol activo en la discusión de una eventual reforma laboral.

Las objeciones de CAME al proyecto de Milei

Días atrás, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo general al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, aunque planteó objeciones puntuales sobre cinco artículos que, según la entidad, podrían generar “inestabilidad y conflictividad” en el sector productivo.

Desde la organización empresaria señalaron que la actualización de la legislación laboral y de los convenios colectivos es necesaria, pero cuestionaron los cambios propuestos en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, al considerar que introducen modificaciones sensibles sin una transición adecuada.

“Nosotros siempre fuimos partidarios, y hace muchos años que lo venimos expresando, de que había que realizar una actualización tanto de la ley como de los convenios”, sostuvo el vocero de CAME, Salvador Femenia, en diálogo con PERFIL. En esa línea, destacó que varias de las modificaciones contempladas en el proyecto reflejan prácticas que ya se dan en la realidad, especialmente en el universo pyme.

“Cuestiones como las horas extras o el fraccionamiento de vacaciones, para las pymes en la práctica ya están sucediendo, muchas veces por pedido del trabajador. Nosotros no tenemos la estructura de las grandes empresas, tenemos un trato más directo con los empleados y llegamos a acuerdos de conveniencia para ambos, pero que la ley en realidad no permitía”, explicó.

Uno de los principales focos de preocupación de la entidad está puesto en la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos. El presidente de CAME, Ricardo Diab, advirtió que, si bien los convenios pueden y deben ser revisados, “no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Diab alertó que desarmar el entramado actual sin una instancia de transición “generaría más caos que soluciones en este momento”.

En el mismo sentido, el vocero de la entidad explicó que el artículo 126, que modifica la ley 14.250, “se mete con la ultraactividad y deja como vigentes solo las disposiciones normativas, pero no las obligaciones que forman parte del convenio”. Según señaló, esto “debilita la autonomía tanto del sector gremial empresario como del sindical para la libre negociación” y genera “imprevisibilidad”, además de entrar en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución y con convenios internacionales de la OIT.

Otro punto central del cuestionamiento es el artículo 128, que elimina la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresarias. Para CAME, esta medida coloca a las entidades empresariales en una situación de “desigualdad absoluta” frente al sector sindical.

“Es válido que se mantenga el aporte obligatorio de los sindicatos, pero no así que para las entidades empresariales sea voluntario. Eso nos deja en una situación totalmente inequitativa y en desventaja de poder”, sostuvo el vocero. Y agregó: “En la práctica, que el aporte sea voluntario significa que nadie va a aportar, lo que nos desfinancia totalmente como entidad representativa de los intereses de las pymes”.

Desde la confederación remarcaron que las pymes representan el 99% de las empresas del país y advirtieron que la quita de estos recursos pondría en riesgo programas clave, como los de formación profesional que CAME desarrolla en todo el territorio nacional. “Gracias a las capacitaciones que hacemos, muchas empresas y pequeños comercios se han sostenido incorporando nuevas habilidades”, subrayaron.

Además, rechazaron el argumento de que estos aportes tengan un impacto significativo en los costos. “Es ínfimo por empleado. De hecho, el no pago por parte de grandes empresas no se tradujo en menores costos ni en precios más bajos: en diciembre, lo que más aumentaron fueron los alimentos”, indicó el vocero, en referencia a los dichos del ministro Federico Sturzenegger.

Por último, CAME alertó que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 podría derivar en futuros conflictos legales, según el análisis de sus asesores jurídicos. (Redacción NQN3, con información de La Montaña y Perfil).