El gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura un proyecto de ley de emergencia sanitaria del Sistema de Salud Pública, durante el término de un año, en la provincia del Neuquén. Lo argumentó en la necesidad de poder solucionar, en forma urgente, el faltante de medicamentos e insumos, que afecta a distintos centros de salud, con los consecuentes perjuicios para los pacientes.

Para resolver la crisis heredada, el Ejecutivo presentó esta iniciativa con la que pide autorización para adquirir -por contratación directa, de acuerdo a las facultades de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control- los bienes y servicios necesarios, para garantizar el acceso a la salud, previo informe fundado.

En sus fundamentos, atribuyó la situación actual a múltiples causas; entre ellas, el contexto global, la pandemia, la difícil situación económica del país de la que la provincia no permanece ajena, y la administración deficiente de los recursos.

Explicó que, como consecuencia de ello, al 10 de diciembre de 2023, la provincia tenía una deuda de 11.400.000.000 pesos, según la información recibida y auditorías realizadas. Destacó que el sistema tiene indicadores críticos de acceso a la salud, determinados por cantidad de profesionales por habitantes, cantidad de consultas ofrecidas a la población y faltante de insumos indispensables en toda la provincia.

Subrayó, además, que durante el último año se agravó la falta de insumos médicos básicos, medicamentos, comida, instrumental y reactivos de laboratorio, adversidad que afecta tanto a la atención ambulatoria y a la internación, como al diagnóstico y la medicación de los pacientes.

En sus fundamentos, el Ejecutivo también señaló que, a la luz de este presente, resulta indispensable la implementación de medidas de simplificación administrativas que permitan una rápida y eficiente adquisición de bienes y servicios, en la emergencia.

El proyecto propone crear el comité de emergencia sanitaria que estará compuesto por dos representantes del ministerio de Salud, uno de cada región sanitaria, dos de la Legislatura y uno de las organizaciones de pacientes y usuarios del sistema de salud pública.

El comité deberá elevar cada 45 días a la Legislatura un informe sobre las condiciones sanitarias, insumos, mantenimiento, equipamiento y necesidades detectadas. La autoridad de aplicación será el ministerio de Salud.