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No laborable: el jueves es el día del empleado público provincial

Wed, 26 Jun 2024 20:47:44 -0300

El 27 de junio es -por ley 1708- el Día del Empleado Público Provincial. Este asueto, conforme las normas legales vigentes, no alcanza a las entidades bancarias, establecimientos educativos ni a otras dependencias que tengan instituido el día festivo de su actividad tal es el caso de HIDENESA y EPEN, organismos que funcionarán con normalidad.

El EPAS, por su parte, mantendrá guardias para garantizar la prestación de los servicios. Solo se verán afectadas la Administración Central y el Área comercial, que no realizarán atención al público.

Los afiliados al ISSN podrán acceder a las prestaciones médicas, bioquímicas, imágenes y odontológicas con la tarjeta Salud física o virtual y la atención será como cualquier día feriado o fin de semana.

Protección al Consumidor no tendrá atención al público. Los Registros Civiles permanecerán cerrados.

La jornada también alcanza a auxiliares de servicio. De igual forma mañana se llevará adelante, tal lo establecido por el Calendario Escolar Situado 2024/2025, una nueva jornada institucional en el ámbito educativo.

Acerca de la fecha

El Día del Trabajador del Estado se celebra el 27 de junio de cada año para conmemorar la fecha de 1978 en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.

Neuquén exige ser convocada a la mesa de diálogo por el manejo de las represas

Wed, 26 Jun 2024 14:27:33 -0300

Después de que el Boletín Oficial de la Nación publicara la constitución de cuatro sociedades anónimas de fondos nacionales para producir y vender energía de los ríos Limay y Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa recordó que los recursos son de las provincias y pidió que se convoque a Neuquén para establecer el cobro del canon por el agua.

Ante esta situación, el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, manifestó que “es una falta de previsibilidad para con las provincias que no fueron convocadas. La concesión vence el 11 de agosto y no se comunicó ni se anticipó para qué fueron creadas estas empresas. Esto genera incertidumbre en todos los empleados, en los inversores y las provincias”.

“Hace 30 años que sabemos que se iban a vencer y no tenemos un camino por parte del Estado Nacional para saber qué van a hacer con esas concesiones”, recalcó y aseguró que el gobernador “siempre ha bregado por la participación de las provincias en la administración de las represas que están en nuestros ríos y por la apertura de la mesa diálogo que todavía no ha sido convocada para tratar este tema”.

“La gente no sabe si se queda sin trabajo o no el 11 de agosto, porque ya no hay posibilidad más de prórroga y no ha habido comunicación de Nación. No hay definición sobre qué van a hacer, más allá que han dicho que las van a privatizar”, señaló Etcheverry.

La medida se tomó en medio de los planes para transferir activos nacionales y subastar nuevos contratos de operación. Las nuevas sociedades anónimas llevan el nombre de los complejos: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Quedarán en manos de Energía Argentina SA (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina.

“Sorpresivamente sale la creación de cuatro empresas con los nombres de las represas”, indicó el ministro neuquino y remarcó que tanto ENARSA como Nucleoeléctrica Argentina “no tienen ninguna capacidad, ningún historial, ni antecedentes para manejar represas hidroeléctricas”. “Aunque sea un periodo corto, es un tema muy complejo”, añadió.

Informó que desde la provincia se está esperando desde marzo por la realización de una mesa de diálogo y “todavía no se ha convocado”. “Esto no hace más que empeorar la situación y generar más incertidumbre con estas cuatro resoluciones, que lo único que hacen es crear cuatro empresas sin decir para qué”, agregó.

Figueroa, junto con su par rionegrino Alberto Weretilneck, habían sido convocados a una mesa con funcionarios nacionales en la que se preveía abordar la situación de las represas, pero nunca se materializó. A fines de 2023, los diputados neuquinos habían presentado una medida cautelar ante la Justicia solicitando “no innovar” y que se respete el dominio originario de la provincia del Neuquén sobre sus recursos naturales.

“Tanto el gobernador Figueroa como Weretilneck han trabajado en conjunto y coinciden en la necesidad de una mesa de diálogo donde acordar todas las cuestiones anexas y conexas que tienen que ver con las concesiones, con la postura de defender a las provincias y sus recursos”, recordó el ministro. Las legislaturas de ambas provincias ya aprobaron sus respectivas leyes para el cobro del canon por el uso del agua de los ríos para la generación de energía eléctrica.

La provincia exigió a Nación la ejecución de las obras demoradas sobre el río Neuquén

El gobierno de la provincia de Neuquén volvió a reclamar ante Nación por las reiteradas crecidas del río Neuquén y reclamó que se ejecuten de manera urgente las obras pendientes de infraestructura “que garanticen la seguridad de la vida, el ambiente y los bienes de los habitantes”.

Lo hizo mediante una nota que envió el ministro de Infraestructura al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.

En la nota enviada por el gobierno de Rolando Figueroa, se refirió a “la vulnerabilidad que presenta actualmente el Complejo Cerros Colorados y los consecuentes riesgos a los que se encuentra expuesta la población e infraestructura potencialmente afectada”.

Vale recordar que la Justicia había condenado al Estado Nacional a realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa Portezuelo Grande, integrante del Complejo Cerros Colorados, ampliando su capacidad para que resista una crecida máxima probable de 14.520 metros cúbicos por segundo. Pero a la fecha no se han ejecutado.

Portezuelo Grande es la única obra hidroeléctrica de la región que no embalsa el agua, sino que la deriva hacia Los Barreales y luego, presa mediante, a Mari Menuco, desde donde es restituida al río Neuquén.

El ministro neuquino informó que nuevos estudios hidrológicos de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), luego de las crecidas de julio de 2006 y de mayo de 2008, llevaron los valores de la crecida máxima probable a 25.000 milímetros cúbicos por segundo.

En la nota que envió Etcheverry señaló que este valor “sobrepasa significativamente la premisa tomada en consideración por el Juzgado al emitir su sentencia, por lo cual torna escasas o insuficientes las propuestas de solución definidas en el expediente judicial”. Y amplia que frente a estos valores “toda inversión que se realice en la represa de Portezuelo Grande no podrá cumplir con el propósito perseguido: brindar seguridad a los bienes, el ambiente y personas ubicados aguas abajo”.

En este contexto, sostuvo que “la única posibilidad de manejar la crecida es la construcción de embalses adicionales en la cuenca (Chihuido 1 y 2)”.

Finalmente, enfatizó que la ejecución de alguna de las obras proyectadas sobre el río Neuquén “no sólo brindará mayor seguridad regulando las crecidas” sino que también ayudará a los períodos de sequía y permitirá “generar energía limpia, firme y de fuente renovable”.

Aprobaron ley y docentes de Neuquén cobrarán un adicional por presencialidad

Wed, 26 Jun 2024 10:04:59 -0300

La suma, remunerativa y no bonificable, será del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que mensualmente les corresponda. El plus, que se calculará con los haberes en forma mensual y se liquidará trimestralmente, comenzará a abonarse en el mes de septiembre. La ley se votó el 25 de junio por la tarde en la 13° sesión ordinaria del cuerpo que presidió la vicegobernadora Gloria Ruiz.

La norma fue aprobada con 25 votos positivos aportados por los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO, Hacemos Neuquén y por los unipersonales JxC-UCR, Juntos, Avanzar, Neuquén Federal y Arriba Neuquén. En tanto, sumó tres votos negativos de los bloques UxP, PTS-FIT-U y FIT-U. Pasadas las 0h se prevé su tratamiento en particular durante la 14° sesión ordinaria.

Al actuar como miembro informante, Claudio Domínguez (MPN) aclaró que la medida es de carácter voluntaria, que no afecta el salario del plantel trabajador y remarcó que no genera ningún esfuerzo extra en la jornada laboral por lo que no puede considerarse inconstitucional. “Es un plus, nadie está obligado, es voluntario” sintetizó el legislador.

En otro tramo, mencionó los antecedentes de similares características de otras jurisdicciones y detalló los principales cambios realizados en el plenario de esta mañana, entre ellos la eliminación del requisito de capacitaciones para acceder al adicional y la elevación del ítem del 10 a 15% de la asignación del cargo u hora cátedra.

Por su parte, Federico Méndez (DC-Comunidad) votó a favor tras señalar que, si bien no constituye “una solución integral” a la crisis educativa, representa un puntapié para “comenzar la discusión”. El legislador enmarcó la medida en el contexto actual en el que -según aseguró-, “todos los temas están en discusión” a partir de una demanda de la sociedad.

Desde el PRO, Marcelo Bermúdez votó a favor pero se pronunció en contra de la eliminación de las capacitaciones como requisito para cobrar el adicional y del reemplazo del concepto de incentivo por adicional. En ese marco, dijo que considerar que el incentivo es inconstitucional, representa una sociedad “de fracasados”. Asimiló la medida con las que se aplican en otros sectores que justamente premian al plantel trabajador a través de comisiones y presentismo.

Su par de bloque, Verónica Lichter aseguró que la calidad educativa pública en la provincia está en descenso y mencionó el caso de una escuela de Villa La Angostura que a febrero de este año, tenía 17 licencias por cubrir y en abril otras nueve. Adelantó que apoyará “cada paso que se dé por hacer que la educación sea considerada un servicio esencial”, pedido que también realizó Mercedes Tulián del mismo espacio político.

Por Hacemos Neuquén, Alberto Bruno celebró que “no fue un proyecto cerrado” y, en ese marco, valoró el incremento del porcentaje inicial que resultaba insuficiente, según señaló. Defendió los incentivos en el ámbito laboral y subrayó que la ley no implicará más trabajo para los docentes “sino que cumplan con los días establecidos”.

A su turno, César Gass (JxC-UCR) señaló que la medida representa un “cambio cultural” y que no genera ninguna obligación. Además, celebró que prosperara su propuesta de eliminar las capacitaciones como requisito para acceder al plus. Su par Carina Riccomini, de Juntos, remarcó que el proyecto “no quita derechos a los docentes” y aseguró que el usufructo de una licencia “no va a representar una desmejora en sus salarios”. “Estamos premiando que una persona sea responsable y vaya a trabajar”, expresó.

Al pronunciarse en contra, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) enmarcó el proyecto en el plan de ajuste que se está realizando a nivel nacional y aseguró que la iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador Rolando Figueroa. “El objetivo es estigmatizar e instalar que la educación no funciona porque hay muchas licencias, sin ningún dato”, aseguró. En similar sentido se pronunció Gabriela Suppicich (FIT-U) al cuestionar que el proyecto carga la responsabilidad sobre los docentes y no sobre el Estado, al tiempo que representa una extorsión a los trabajadores para quienes el adicional puede resultar significativo, teniendo en cuenta que el salario es de 260 mil pesos. También consideró que el proyecto es “totalmente misógino”, en tanto genera doble tarea en un sector que es feminizado.

Por UxP, Darío Martínez cuestionó el apuro en el tratamiento parlamentario de manera “irresponsable e imprudente” y la ausencia de datos oficiales y funcionarios del Ejecutivo para debatir la iniciativa.

Desde el gremio criticaron la iniciativa y señalaron que “no es otra cosa que un ataque directo a nuestras condiciones de trabajo”. Previo al tratamiento de la ley, expusieron en la reunión de comisión de la Legislatura Provincial.

Para el sindicato, la ley de"Incentivo al Desarrollo Profesional Docente", representa la anulación de la discusión colectiva entre las y los trabajadores de la educación docentes y los sectores patronales: el Estado y las cámaras empleadoras privadas.

“En los fundamentos del proyecto se sugiere que es responsabilidad del colectivo docente, la falta de presupuesto para la contrucciones de escuelas; se lxs califica prejuiciosamente de irresponsables y de falta de capacitación. Esto es una tremenda falta de respeto hacia quienes dan sobradas muestras de compromiso con su labor de parte de un Poder del Estado que debiera cuidarlxs y garantizarles salarios y condiciones de trabajo dignas, que serían, asimismo, las condiciones de aprendizaje merecidas para miles de estudiantes en nuestro extenso territorio provincial”, señalaron.

“El trabajo incentivado está prohibido por nuestra constitución y la negociación colectiva es una garantía tanto de la Constitución Provincial como Nacional”, advirtieron.